El Gobierno deja en manos del mercado un porcentaje similar

El nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, hermano del anterior secretario de Estado del mismo departamento, ha decidido dejar en manos del mercado eléctrico lo que ocurra a partir de enero con la factura de la luz, y ha congelado la parte del recibo que depende de él.

El Gobierno mantendrá como están los llamados peajes de acceso, nombre rimbombante bajo el que se esconden los costes regulados que sufragan todos los consumidores cuando pagan la factura (en torno a 26 millones). Ese capítulo tiene un peso de un 40 % sobre el total y engloba gastos comprometidos como las subvenciones a las energías renovables -que el próximo año aumentarán en 600 millones de euros-, el pago al transportista único (Red Eléctrica) y a las distribuidoras, así como la amortización de la deuda acumulada del sistema. También el servicio de interrumpibilidad, que bonifica el consumo eléctrico de las grandes industrias, se carga a estos peajes.

Los ingresos por peajes

Los peajes de acceso son la principal fuente de ingresos del sistema eléctrico, pues alimentan el 75 % del total: 13.300 millones, frente a 17.800, como se puede apreciar en la tabla anexa.

De este modo, Nadal asegura que, al menos, el 40 % del recibo eléctrico permanecerá invariable a partir de enero. Pero lo importante es lo que pase en el mercado, que determina otro porcentaje similar de la factura. El resto son impuestos (el eléctrico y el IVA).

El problema es que habría que sacar la bolita de cristal para predecir el comportamiento de un mercado caracterizado por su volatilidad. Los precios son variables de un día para otro, e incluso entre una hora y otra. De hecho, cada consumidor paga un precio diferente en función de sus hábitos de consumo. Los factores que contribuirían a un abaratamiento de la energía serían una abundancia de renovables, que tiran de los precios a la baja.

La última vez que el Gobierno incrementó los peajes fue en febrero del 2014, cuando se disparó el término de potencia.

La Xunta desembolsó 800.000 euros en aliviar el ahogo de 6.000 familias con el tique eléctrico

Álvaro Nadal admitió hace unos días que unos 7,5 millones de españoles eran pobres energéticos; es decir, no pueden pagar las facturas de la luz o el gas para calentar sus viviendas y, o pasan frío, o se enfrentan a cortes del suministro por impago. El ministro de Energía, como ya habían hecho sus predecesores, defiende que el bono social es un instrumento suficiente para afrontar ese problema socioeconómico. Sin embargo, ese mecanismo, que se traduce en un descuento en la factura de un 25 %, lo disfrutan 2,4 millones de consumidores, pero no se aplica ningún criterio de renta para adjudicar el bono. Nadal quiere cambiar esto (como también compañías eléctricas, como Endesa) y que se tengan en cuenta los ingresos familiares para disfrutar de ese descuento.

Galicia tiene su propio bono social, denominado tique eléctrico. La Xunta firmó en el 2014 un acuerdo con las eléctricas para evitar los cortes de suministro asumiendo parte de las facturas de los clientes con pocos recursos. Desde entonces, la Consellería de Economía e Industria ha gastado casi 800.000 euros en aliviar a unas 6.000 familias gallegas.

Según datos facilitados por Industria, este año han invertido hasta el momento 433.200 euros (de una partida de 2,1 millones) en 2.168 familias. En el 2015 fueron 261.800 euros a 2.482 hogares; y en el 2014, 14.910 euros entre 305 beneficiarios. Estas familias ingresan menos de 800 euros al mes y la Xunta les paga como mucho 300 euros anuales para las facturas eléctricas.

No a los cortes

Además, la consellería activó este año otra medida contra los cortes de suministro, con la que ha evitado que 990 hogares se queden sin luz, a cambio de abonar dos mensualidades de su recibo. El desembolso total suma 65.140 euros, según la Xunta.

Varios ayuntamientos tienen acuerdos parecidos con las compañías eléctricas para costear parte de las facturas y evitar los cortes.

Fuente: La Voz de Galicia, 12 de Diciembre de 2016