Plataformas sociales y organizaciones de consumidores lanzan una campaña para devolver el recibo y reclamar así que baje la electricidad.

La plataforma por un nuevo modelo energético ha lanzado una campaña en las redes sociales (#YoDevuelvo) para que los consumidores de energía eléctrica no paguen el recibo de mayo. El llamamiento está apoyado por organizaciones como Facua, Adicae y Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), entre otras. El objetivo es forzar una rebaja en la factura, especialmente del término fijo de potencia, aquel que se paga sí o sí en función de los kilovatios contratados. Esta parte la impone el Ministerio de Industria y en febrero del 2014 subió por última vez. Lo hizo un 18 % con respecto a enero, pero un 90 % en relación a mediados del 2013. Estos incrementos han empujado a miles de usuarios a reducir su potencia contratada ajustándola al máximo a sus necesidades de consumo.

Para estas organizaciones, esa parte fija del recibo es la gran responsable del encarecimiento del recibo. Y no les falta razón. Porque aumentar el término de potencia significa penalizar a los que menos consumen, porque proporcionalmente abonan mucho más que los hogares, por ejemplo, con cuatro o cinco miembros. Los propietarios de segundas residencias pagarán más seguramente de término de potencia que de energía consumida.

La campaña consiste en convencer a los consumidores para que el recibo de mayo no lo paguen al momento, sino que lo hagan un poco más tarde para así presionar a las eléctricas y al mismo tiempo no correr el riesgo de que llegue un aviso de corte de suministro por impago.

Atentos a las consecuencias

Miguel López, secretario general de Ucgal, resalta que apoyan la iniciativa, pero advierte de que si no se está atento puede traer consecuencias a aquellos que se sumen. Por eso lo que recomienda es pagar el recibo con retraso, al mes siguiente.

El protocolo a seguir para los clientes de mercado regulado (hay 13,6 millones usuarios) que no abonen una factura está bien definido por el Ministerio de Industria. Las eléctricas deben comunicar de forma fehaciente (tienen que asegurarse de que el cliente recibió el aviso) de que si no paga le cortará el suministro en un plazo de dos meses. Pero el mercado libre (con 11,8 millones de clientes) es otra historia. López explica que ahí el modo de proceder no está regulado y que varía en cada contrato y por eso recomienda leerlos bien antes de decidir no pagar en mayo. Algunas compañías incluso cobran intereses de demora que pueden penalizar la factura no pagada con un 3 % adicional.

¿Qué dirá de todo esto la patronal de las eléctricas? Las fuentes de Unesa consultadas recalcaron que el sistema eléctrico español está todavía regulado, es decir, es el Gobierno y no las empresas las que marcan qué ha de contener el recibo de la luz. E incluso, sobre todo, costes ajenos al servicio. «Lo que realmente encarece el recibo no es la energía», subrayaron desde la patronal. Por eso, añadieron, no comprenden que se juzgue a las compañías por cuestiones que no dependen de ellas.

Sobre la campaña en sí, Unesa solo aclaró que se trata de decisiones individuales de los clientes y que las empresas seguirán prestando sus servicios. Las mismas fuentes aseguraron que no están preocupados por las consecuencias.

Esto es lo que se abona en la factura

Solo el 32 % del recibo depende del consumidor. Es lo que supone la facturación de la energía, que determina el mercado mayorista. El 47 % que no son gravámenes son costes impuestos por el Gobierno. Con ellos se pagan primas a renovables, moratoria nuclear, deuda del sistema… Competencia y Unesa son partidarios de extraer estos costes y llevarlos a Presupuestos Generales para abaratar la factura eléctrica.

La Voz de Galicia, 16 de abril de 2015